Reclama seguridad jurídica e institucional para la recuperación económica y teme que se entorpezca la llegada de fondos europeos a España

La reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) planteada por el Gobierno ataca la separación de poderes e independencia judicial que están en la base del sistema constitucional. Esta es la consideración de CEOE Aragón, sustentada por las críticas efectuadas desde el propio estamento judicial y diversas instituciones, a las que ayer se sumó la Comisión Europea.

La Confederación considera un grave error plantear una reforma de este calado de forma unilateral y contraviniendo el mandato del artículo 122 de la Constitución al soslayar la obligación de hacerlo a través de Ley Orgánica y obviando las mayorías requeridas constitucionalmente para las designaciones.

La gravedad del planteamiento se une, además, a que se haga en la actual situación de crisis sanitaria,económica y social, y cuando se está dirimiendo en Europa la aprobación definitiva de la asignación de fondos del Acuerdo Europeo para la Recuperación, que son fundamentales para la reactivación de la economía y del tejido empresarial.

Las dudas planteadas ayer en la propia UE con el aviso de que va a estar “vigilante” ante esta reforma refuerzan el cuestionamiento sobre su constitucionalidad, respeto a la separación de poderes y adecuación a las normas democráticas españolas y europeas. La Confederación lamenta que, por estas cuestiones, también se pueda retrasar o limitar la llegada de fondos europeos a nuestro país, frente a los esfuerzos que se están haciendo desde muchas empresas, organizaciones como CEOE y ámbitos como la Comunidad Autónoma Aragonesa para posicionar a nuestro territorio y tejido productivo de cara a optar a ellos.

La seguridad jurídica, que incluye la separación de poderes y el respeto a la letra y el espíritu de las normas vigentes, constituye un principio básico para el buen funcionamiento de la economía. Solo la confianza que esta da permite a las empresas

desarrollar su actividad en un marco predecible y, por tanto, tomar decisiones de crecimiento e inversión a futuro. También resulta imprescindible en la atracción de inversiones exteriores, para las que la seguridad jurídica y la estabilidad institucional y sociolaboral, son requisitos previos para cualquier decisión.

Por el contrario, plantear reformas como esta solo contribuye a poner en riesgo el funcionamiento democrático y la confianza en nuestro país, insistir en la crispación política, y postergar y hacer más difícil la recuperación, en la que están comprometidos el tejido productivo, el empleo, los servicios públicos y la salud.

Frente a estas actuaciones, CEOE Aragón reclama diálogo, estabilidad y lealtad institucional y, en el caso judicial, buscar realmente el consenso necesario para renovar el CGPJ e incumplido en los últimos dos años.