CEOE Aragón considera que el registro obligatorio de jornada aumenta la carga administrativa para las empresas y dificulta la operatividad de algunos trabajos 

La obligatoriedad de que todas las empresas implanten sistemas de registro diario de jornada laboral para sus trabajadores, que ha entrado en vigor este domingo en España, está causando muchas dudas sobre su aplicación e interpretación; así como nuevos costes económicos y en carga administrativa no productiva, que afectan especialmente a las pymes. 

La medida, adoptada de forma urgente genera nuevas cargas e inseguridad a los empresarios ante su falta de concreción y las dudas en su interpretación que en parte podrían haberse evitado contando previamente con el diálogo social con los representantes de quienes mejor conocen la realidad del tejido productivo: empresarios y trabajadores. 

Esto ha llevado a CEOE Aragón a dedicarle una jornada informativa a la que han asistido representantes de más de 140 empresas de Aragón, dejando fuera a  muchas más interesadas por el interés despertado y la limitación aforo. La sesión también ha analizado otras novedades normativas relativas al derecho a la desconexión digital y su vinculación con la Salud Laboral, la obligatoriedad de registro de la Planes de Igualdad, aunque se adopten con carácter voluntario, o la del registro promedio de salarios por sexos y grupos, categorías o tipos de trabajos.

A resolver dudas y facilitar el cumplimiento por parte de las empresas han contribuido las explicaciones en la jornada por parte de la Directora General de Trabajo del Gobierno de Aragón, Soledad de la Puente; el Director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Román García Oliver; Juan García Blasco, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; Arturo Acebal, Socio-director de Acebal Abogados; Salvador Sánchez, Director de Recursos Humanos del Grupo SAMCA y José Ramón Til, Director de RRHH de Grupo SAICA para España y Portugal, y Presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de CEOE Aragón; que han intervenido junto al Presidente de CEOE Aragón, Ricardo Mur, y su Director General, Jorge Díez-Ticio.

Las normas tratadas, tanto en materia de igualdad y conciliación como de desconexión digital y registro de jornada, afectan al conjunto de las empresas, con independencia de su tamaño y sector,  siendo más costosos proporcionalmente su adaptación y cumplimiento para las pequeñas, que son la mayoría del tejido productivo y también de las que han acudido a la sesión de hoy en CEOE Aragón.

En este cumplimiento, las empresas encuentran dificultades básicamente ligadas a los criterios de interpretación y su aplicación concreta a la realidad de un tejido productivo muy variado tanto en actividades como en necesidades organizativas y tipos de trabajos.

Esta variedad es precisamente uno de los mayores hándicaps de aplicar, por ejemplo, una norma general de registro horario a trabajos como los que exigen alta movilidad, combinación de trabajo presencial y teletrabajo o el de los directivos y los de desplazados en procesos de internacionalización empresarial. También se han planteado en la jornada dudas sobre la aplicación de esta norma ante la creciente variedad de fórmulas de flexibilidad y conciliación de la vida personal y laboral adoptadas en gran parte de las empresas, así como para recoger tiempos de presencia no productiva en los lugares de trabajo (descansos,  gestiones personales, etc.). En estos aspectos, los expertos han resaltado que es esencial que las empresas delimiten de modo inequívoco el tiempo de trabajo y su distribución. 

También la desconexión digital plantea estos problemas, especialmente, en puestos directivos y sectores como la atención médica, los seguros o la información, entre otros. Los ponentes han considerado que hubiese sido deseable mayor concreción del legislador en estos aspectos para evitar indeterminaciones y controversias.

En todos los casos, los expertos han defendido la importancia de la negociación colectiva como elemento clave para canalizar la aplicación de estas normas en las empresas de forma que se adapte lo mejor posible a su actividad y necesidades laborales y organizativas.