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Valoramos la agilización administrativa del Gobierno de Aragón y vemos limitaciones en los avales planteados por el central

La Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE Aragón) considera positivas las medidas de agilización administrativa y de gestión de recursos aprobadas hoy por el Gobierno autonómico y recogidas en el Decreto Ley 1/2020, de medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma. La redefinición de procedimientos debe ser beneficiosa para facilitar actuaciones urgentes, como requiere el Estado de Alarma y la crisis sanitaria en que estamos.
CEOE Aragón valora que el Gobierno haya querido dotarse de herramientas para, como ha dicho el Ejecutivo, “actuar con la agilidad y optimizar todos los recursos en un momento de gasto creciente y marcada caída de los ingresos”.

La Confederación ve especialmente positivo que el Decreto establezca que se priorizarán los pagos a autónomos y pymes, la tramitación de los contratos públicos y facilidad para que los contratistas de servicios públicos suspendidos asuman otras necesidades, así como la flexibilización de la gestión de las subvenciones, y la capacidad de ampliación de créditos.

También  se estima un acierto la consideración de la cadena alimentaria como servicio esencial, extendida a explotaciones agrícolas y ganaderas, proveedores y establecimientos comerciales de los mismos y servicios asociados de sanidad animal y vegetal.

Por otro lado, respecto a los avales por importe de 20.000 millones de euros para empresas y autónomos, articulado en el Consejo de Ministros de ayer, y valorando positivamente  el inicio de la misma y su carácter retroactivo,  CEOE Aragón cree que la liberación en forma de tramos puede ralentizar la llegada de liquidez a las empresas. También aboga por modificar la diferenciación de costes que tendrán que asumir las empresas según sus tipos.

Se hace difícil comprender por qué, junto a los avales y de cara a aumentar la liquidez, no se aplazan los plazos de pagos de impuestos, que actúan como costes fijos en empresas sin producción de bienes y servicios, y que sí ha llevado a anunciar moratorias a otras administraciones locales y provinciales.