El shock a corto plazo de la  reducción de jornada acordada por PSOE y SUMAR sobre la economía aragonesa reduciría el PIB en 1.237 millones de euros

La regulación de la jornada debe tratarse en el diálogo social y la negociación colectiva teniendo en cuenta la situación y necesidades de cada sector y empresa
 

Lanzar anuncios populistas sin el necesario análisis y negociación previos denota falta de conocimiento de la realidad del tejido productivo y de respeto hacia los agentes sociales

La reducción “por decreto” de la jornada laboral recogida en el Acuerdo PSOE-Sumar tendría graves consecuencias sobre la actividad productiva y el empleo. En una primera estimación, y sin ninguna actuación tendente a la mejora de la productividad, imprescindible en España, CEOE Aragón calcula que, a corto plazo, el  shock que provocaría sobre la economía aragonesa recortaría el Producto Interior Bruto Autonómico (PIB) en 1.237 millones de euros. Esta estimación es el resultado de aplicar el porcentaje de reducción de jornada laboral que supone la medida al PIB producido por los asalariados del sector privado en Aragón con contrato a tiempo completo.

CEOE Aragón considera que el anuncio lanzado por los partidos políticos firmantes denota falta de conocimiento de la realidad del tejido productivo, además de escaso respeto por el diálogo y los agentes sociales.

La jornada laboral se pacta en la negociación colectiva y con carácter anual, siendo su distribución objeto de esta misma negociación entre empresarios y trabajadores en función de las necesidades y situación de cada sector y empresa. Y así debería seguir siendo, sin imposiciones externas y unilaterales.

No es una medida que pueda aplicarse de forma uniforme en el conjunto del tejido empresarial y sí una limitación de las posibilidades de adaptar la producción y actividad a la demanda, con el consiguiente impacto negativo sobre la competitividad de las empresas y, con ella, sobre el empleo presente y futuro. Decir lo contrario es populista e irresponsable. 

Antes de adoptar cualquier medida de este tipo, sería imprescindible hacer un análisis serio y profundo con los agentes sociales sobre la baja productividad de la economía española, así como tener en cuenta la etapa de ralentización económica que estamos y que ha llevado el crecimiento del PIB español del 4% del primer trimestre al 1,8% en el tercero, con previsiones de continuidad en esta línea.