Critica que el Gobierno se centre en medidas parciales, que derivan la responsabilidad a los consumidores y no benefician al conjunto de ciudadanos y empresas, como la reforma tarifaria 

Solo el 30% de la factura eléctrica depende del precio de la energía, mientras que el 70% corresponde a costes regulados e impuestos

Las tarifas y el precio de la energía están generando reiteradamente en las últimas semanas noticias negativas que vuelven a poner de manifiesto la necesidad de acometer un examen profundo y riguroso de la regulación de los costes energéticos en España. Así lo considera CEOE Aragón, que reclama una revisión que englobe los distintos componentes del mix y precio final de la energía, cuyo 70% son costes regulados e impuestos, sumados al 30% que representa el precio en sí mismo de la energía (fijado en el pool del mercado mayorista).
La gran subida de este último en los últimos días, producida en toda Europa, está vinculada al muy alto precio del gas y de los derechos de emisión de CO2 que pagan las empresas por megavatio producido –y que se prevé que siga subiendo-, unidos a la alta demanda de estas fechas. El alto porcentaje que las centrales de ciclo combinado representan en el mix energético español agrava todavía más la subida en nuestro país, algo que los expertos señalan que se irá corrigiendo en los próximos años, conforme avance la potencia instalada en energías renovables.
No obstante, CEOE Aragón resalta que hay otros múltiples elementos que conforman la mayor parte de la factura eléctrica de empresas y ciudadanos, y sobre los que se debería actuar desde el Gobierno nacional. Así, por ejemplo, el IVA aplicado a la electricidad en España (21%) está muy por encima de la línea media europea (en torno al 10% de Italia) y más de países como Francia (5,5%) o Reino Unido (5%). 
Por otro lado, los costes regulados (peajes, déficit de tarifas, primas…) representan un 40% del precio del recibo también fijado por la Administración.
Por todo ello, CEOE Aragón plantea un análisis serio y con participación del sector energético sobre posibles alternativas para buscar medidas que realmente abaraten la factura eléctrica a consumidores y empresas (muchas de ellas grandes consumidoras para las que la energía representa una parte importante de sus costes).

En este sentido, considera que la nueva regulación de tarifas ha generado gran confusión entre empresas y ciudadanos, sin tener realmente claro si supone beneficios para la mayor parte de ellos. 

Las nuevas tarifas reducen los términos de energía, amplían la flexibilidad para contratar distintas tarifas en periodos diferentes y dan mayor opción al usuario de aprovechar horarios con mejores precios. Sin embargo, salvo en el caso de los fines de semana – con una mejora de tarificación clara-, en general es complicado que la factura final de la electricidad pueda reducirse, al exigir esto cambios de comportamiento y hábitos en los ciudadanos, y de funcionamiento en las empresas que no siempre son posibles.

Según las simulaciones de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, puede experimentarse un descenso de esta factura final de luz de hasta un 6,7%, bajo el supuesto de que un 45% del consumo se realice en período valle. Aunque es difícil prever el efecto de los cambios de comportamiento de los consumidores, teniendo en cuenta la rigidez del consumo, parece difícil alcanzar este porcentaje para la gran mayoría de usuarios particulares y también para las empresas, que no pueden trasladar la mayor parte de sus usos a franjas de precio reducido puesto que dependen de la demanda y de los horarios de trabajo.

Por otro lado, las nuevas tarifas tienen iimpacto negativo en algunos segmentos de clientes, concretamente los clientes domésticos con discriminación horaria y las tarifas 6.1 y 6.2, dirigidas a contrataciones de potencia superiores a 450kW en algún periodo y, en general por tanto, a empresas de cierto tamaño. 
 
En todo caso, es fundamental acompañar la entrada en vigor de esta nueva tarifa con un esfuerzo de información y asesoramiento, y con mecanismos para amortiguar los impactos negativos de estas tarifas.