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El proyecto de PGE no recoge las aspiraciones de Aragón y eleva la presión fiscal a las empresas

Los PGE destinan a inversiones en Aragón un 1,53% más que en 2022, por debajo del aumento promedio del país, las comunidades autónomas de nuestro entorno y nuestro peso territorial

El aumento de la presión fiscal sobre las empresas es un grave error en el contexto de ralentización económica e incremento de costes

El proyecto se basa en una previsión de crecimiento excesivamente optimista y en políticas de gasto inflacionistas, contrarias a la necesaria estabilización


El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que ayer superó su primer trámite en el Congreso, no es el que necesita España en la actual situación económica y no recoge las aspiraciones de Aragón por peso territorial y dispersión poblacional.

Aunque la cifra dedicada en el proyecto de presupuestos a inversiones reales en Aragón crece un 1,53% respecto a lo presupuestado en 2022, este aumento se sitúa muy por debajo tanto del aumento promedio del país (20,95%) como del total regionalizable (2,84%) y del proyectado para las comunidades autónomas de nuestro entorno.

Además, aunque el peso de la inversión territorializada en Aragón (un 4,1% del total de España) es superior al peso de la Comunidad en términos de población y PIB, nuestra Comunidad Autónoma continúa sin ver recogido en los presupuestos el peso territorial (9,4%) y la dispersión poblacional, criterios establecidos en el Estatuto de Autonomía, que deberían suponer mayores asignaciones.

En cuanto a la distribución de la inversión por Ministerios en Aragón, destaca el descenso de asignación al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, especialmente en obras hidráulicas para regadíos. La dotación para este Ministerio junto a la del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana supone un 96% del total de la de la Comunidad Autónoma y queda lejos del 4º puesto del total de Comunidades que le correspondería por territorio, situándose como 9ª en infraestructuras de Transportes y en 11ª en las hidráulicas de Transición ecológica.

En lo que respecta a la inversión en carreteras, cabe resaltar asignaciones a obras muy demandadas por su elevada siniestralidad como son el desdoblamiento de la N-232 en la A-68. Pero se requiere un mayor esfuerzo inversor en las mismas, así como en el único tramo inacabado de la A-22 (Siétamo-Huesca) y en los pendientes para finalizar la A-21 y la A-23.

En el apartado ferroviario, lo más destacable es la asignación para la Red Transeuropea de Transporte Red TEN-T y también, aunque muy limitada, la de la línea Teruel-Sagunto, fundamental para la conexión del corredor Cantábrico-Mediterráneo. Se echan en falta, por el contrario, mayores dotaciones para las conexiones transpirenaicas, con escasa asignación para la reapertura del Canfranc y nula para la Travesía Central por el Pirineo.

En lo que respecta a obras de regadío, fundamentales para el desarrollo empresarial y del mundo rural, destaca la dotación para los embalses de Yesa, Mularroya y otras actuaciones de la cuenca del Ebro, recogidas en el Pacto del Agua. No obstante, en la mayoría de las obras hidráulicas queda pendiente la asignación de grandes partidas para su finalización real, destacando en este aspecto las del embalse de Montearagón para abastecimiento de Huesca y las de abastecimiento de Jaca.

Sin estrategia de estabilización y con mayor carga fiscal sobre las empresas

En el plano general, el proyecto de PGE muestra la ausencia de estrategia de consolidación fiscal a medio plazo para detener el aumento del déficit y la deuda pública, que nos sitúa entre los países más endeudados de Europa, con un 115,2% de deuda sobre el PIB.

Por el contrario, el Gobierno basa el proyecto en una optimista previsión de crecimiento el PIB español del 2,1% en 2023, cuando todos los organismos nacionales e internacionales la han rebajado aun rango entre el 0,7% y el 1,5%, y prevén decrecimientos en los próximos trimestres. A ello se suma un aumento del gasto corriente que refuerza la dinámica inflacionista.

Los PGE sitúan los ingresos tributarios en 262.781 millones, con un crecimiento del  23,4% desde 2009 frente a la evolución económica real y una presión fiscal del 42,4%.
La previsión de recaudación sube en todos los impuestos principales, pero llama especialmente la atención su aumento ligado a la presión fiscal sobre las empresas. Por el Impuesto de Sociedades, la recaudación estimada se incrementaría un 7,7%, con una subida acumulada de un 20% desde la etapa anterior a la pandemia, tras una situación de crisis económica que ha llevado a muchas empresas a acumular pérdidas, generalizado aumento de costes, gran incertidumbre internacional y subida de tipos de interés. A ello se suma el aumento de la recaudación por cotizaciones a la Seguridad Social un 11,54%, debido fundamentalmente a la subida de las bases máximas de cotización en un 8,6%.
Así, la presión fiscal sobre las empresas superará el 11% en 2023, alejándonos aún más de la media europea, inferior al 10% y dificultando la competitividad frente a las empresas de los países de nuestro entorno.


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