La revisión fiscal a la baja es urgente y posible dado el aumento de ingresos públicos en que se está traduciendo este crecimiento del IPC frente a las dificultades que supone para empresas y ciudadanos

El indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC), publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), cifra el crecimiento anual de la inflación en julio en un muy preocupante 10,8%. Este dato supone un aumento seis décimas superior al de pasado mes de junio, alcanzando su nivel más alto desde septiembre de 1984. 

También sube seis décimas el indicador de la inflación subyacente, que se sitúa en 6,1%, nivel no superado desde enero de 1993.

Estos datos, así como el hecho de que 108 de las 199 subclases de productos que componen el indicador tengan una inflación superior al 5%, reflejan el contagio del alza de precios al conjunto de la economía, pese a que las empresas no repercuten a los precios finales de bienes y servicios todo el aumento de sus costes de producción (energía, materias primas, componentes, transporte…). Esto, unido a que gran parte del tejido productivo todavía no ha recuperado niveles de actividad prepandemia, se refleja en la  reducción en casi 100.000 millones de euros de los beneficios empresariales (Excedente Bruto de Explotación) en España en 2020 y 2021 y en  7.000 millones más en los que llevamos de año 2022, como ha detallado el Instituto de Estudios Económicos.

A pesar de estos esfuerzos, la subida de la inflación se acelera frente a las cuatro décimas de junio y mantiene la senda alcista, lo que muestra claramente la ineficacia de las decisiones adoptadas por el Gobierno central buscando su contención.

Como venimos señalando hace meses  desde CEOE Aragón, las medidas económicas del Ejecutivo son contraproducentes en la situación económica actual. 

Deberían reconsiderarse de forma urgente, orientándose a una reducción de la carga fiscal para ciudadanos y empresas, que están sufriendo los efectos de esta elevadísima inflación, debida primordialmente a factores externos y que afecta al conjunto de la economía mundial. Mientras, los ingresos públicos crecen automáticamente por efecto de la inflación, un aumento de recaudación que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ha cuantificado en algo más de 2.000 millones de recaudación adicional por cada punto de subida del IPC (21.600 millones con al alza de julio del 10,8%). 

Esta revisión fiscal, así como del gasto público son fundamentales en un contexto en que empresas y trabajadores ya están viviendo estos recortes y deben seguir apostando desde el diálogo social y la negociación colectiva por que  precios y salarios no se retroalimenten y generen más presión inflacionista.